PROPUESTA ALTERNATIVA
DEMOCRACIA TODOS LOS DIAS, CON ESTABILIDAD ECONÓMICA Y CRECIMIENTO PARA TODOS
A. Los retos
Hoy Bolivia es un país democrático por un día, cada cinco años: el día de las elecciones nacionales. El resto de los días entre una elección y otra, la vida cotidiana no transcurre en democracia, ni para los ciudadanos ni para sus instituciones, pues el país ya no cuenta con los elementos básicos de una democracia:
%2001_46_40.png)
1) Separación de poderes y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Órgano Judicial.
2) Acceso a un sistema de administración de justicia independiente y eficaz, que cumpla y haga cumplir las leyes.
3) Respeto a los derechos humanos y las libertades individuales.
4) Respeto a la propiedad privada.
5) Libertad de expresión plena para los ciudadanos y las instituciones.
6) Transparencia y acceso a la información en el sector público.
En Bolivia el Legislativo opone escaso contrapeso al Órgano Ejecutivo y ninguno al Órgano Judicial. Ni éste opone ningún contrapeso al Legislativo o al Ejecutivo. El órgano Ejecutivo ha capturado y controla al no sólo a los órganos Legislativo y Judicial, sino también al Órgano Electoral. Eso no es democracia.
El sistema de administración de justicia boliviano es prácticamente inexistente. Los fallos judiciales, cuando afectan al gobierno, son absolutamente sesgados a favor de sus intereses. Lo mismo sucede con la Fiscalía, la Policía y otras instituciones que forman parte del sistema. Y cuando los juicios sólo afectan intereses privados, la justicia se vende al mejor postor. Eso no es democracia.
Asimismo, la libertad de expresión está severamente limitada, aunque no del todo suprimida. Los medios de comunicación masiva independientes (periódicos, radios, televisión) sufren la constante amenaza de intervención y coacción cuando cuestionan las acciones del Estado. Las opiniones individuales o institucionales que no complacen a las autoridades de gobierno, sean a través de éstos u otros medios (protestas, redes sociales, disenso en las calles), dan lugar tanto a amenazas como a represiones, en algunos casos severos. Eso no es democracia.
%2001_47_37.png)
El sector público, en todos los niveles, es mayoritariamente opaco. Cuando no es directamente inaccesible, la información que debiera ser pública es escasa, inoportuna y, a menudo, mentirosa. La corrupción es lo normal y no la excepción. Eso no es democracia.
Bolivia es un país rico en recursos naturales y en recursos humanos, pero su riqueza no se traduce en bienestar para todos, porque siempre son pocos los que se benefician de la riqueza y la mayoría no encuentra oportunidades para crecer. ¡Al contrario! Bolivia es hoy un país en múltiples crisis, a pesar de su riqueza.
Bolivia es un país diverso, con múltiples culturas y naciones, pero es aún más excluyente que en el pasado, y está cada vez más lejos la forma de convivir en un ambiente inclusivo y de respeto entre bolivianos.
B. La propuesta
Esta es una propuesta alternativa a las propuestas de los partidos políticos y otros grupos políticos, tanto las del gobierno como las de oposición, para reencauzar a Bolivia en la ruta de la democracia, la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo. Pero el logro de este objetivo no depende sólo de cambios en las leyes o de reformas institucionales. No sería posible lograr los consensos políticos, sociales y regionales necesarios para recuperar la democracia si no se garantizan tres elementos básicos: (1) garantizar la estabilidad económica y promover la creación de empleos de calidad. Es decir, con oportunidades de empleo, remuneración apropiada y con acceso a prestaciones sociales (seguro médico, jubilación, entre otros); (2) mantener y profundizar los logros (que los hubo) en materia de inclusión social de grupos otrora marginados de las decisiones nacionales y de su ejecución, y (3) asegurar a la gran mayoría de la población servicios de salud y de educación de calidad y seguridad ciudadana para todos.
B.1 Estabilidad económica y crecimiento inclusivo y sostenible
En una primera acción, el nuevo gobierno deberá tomar medidas para evitar la crisis económica que parece evidente. Esto implicará la reducción gradual de los subsidios existentes a los productos básicos y el retorno al mecanismo del “bolsín” o de metas inflacionarias para el manejo del tipo de cambio. Mantener subsidios a los productos básicos y un tipo de cambio irreal solo por motivos populistas no tiene sentido y no es sostenible. Repito y hago énfasis: no es sostenible.
Los bolivianos tendremos que asumir gradualmente los costos de la crisis que heredamos del gobierno actual y la superaremos, como todos los bolivianos supimos hacerlo en el pasado, si existe transparencia y certidumbre. Entonces, el reto será encontrar un modelo de desarrollo que le permita a la gran mayoría de las familias bolivianas obtener ingresos estables, predecibles y crecientes.
Hago, en esto, una distinción y una excepción: la eliminación de los subsidios básicos compensa sobreabundantemente el sostenimiento de los bonos sociales, que tienen impacto real y deben ser mantenidos.
El ingreso estable es el relacionado con empleo en el sector privado. Por ello, nuestra propuesta consiste en fomentar el sector privado y reducir el peso del sector público en la economía. Además, cuando decimos “empleo en el sector privado”, ello no se refiere sólo al crecimiento de empleados en empresas existentes, sino además a la gradual conversión de emprendimientos informales, en formales.
De 2005 a 2014 la economía boliviana fue impulsada por una potente locomotora: la exportación de gas. Ese gran “jalón” dio lugar a exportaciones récord, a superávits fiscales y de balanza de pagos, a incrementos sustanciales en las recaudaciones y a un gasto gubernamental y a una acumulación de reservas internacionales nunca antes vista. Gracias a la gran cantidad de dinero que recibió el Tesoro, se pudo ampliar los subsidios, los bonos sociales y el enorme crecimiento del gasto público. Gracias a esa locomotora, Bolivia pudo mantener estabilidad de precios y de tipo de cambio, como también incrementar la infraestructura en algunos casos para bien (carreteras, puentes, aeropuertos) y en muchos otros para mal (empresas públicas improductivas y/o deficitarias, canchas de futbol hoy en decadencia, construcciones abandonadas, como la sede UNASUR o el museo al culto de la personalidad de Orinoca).
Esa locomotora no fue fruto de la mal llamada nacionalización de los hidrocarburos, ni de un supuesto nuevo modelo económico. Esa locomotora fue el resultado de 30 años de esfuerzos sostenidos por los sucesivos gobiernos desde mediados de la década de 1970: un esfuerzo de Estado. Sin distinción de ideología política, los sucesivos gobiernos, desde mediados de 1970s hasta 2005, fueron constantes en pactar la construcción y construir los gasoductos necesarios para exportar gas; en negociar los acuerdos de su compra-venta; en aprobar la legislación necesaria para que las empresas privadas inviertan suficientes recursos para la exploración y explotación de gas, y en aprobar la legislación que le permitiera al gobierno recaudar los impuestos adecuados para asegurarle al Estado una compensación justa por la venta de sus recursos naturales. Repito y subrayo: un esfuerzo de Estado.
Todos estos esfuerzos alcanzaron su culminación en 2005. Además, durante el periodo de 2005 a 2014, el precio del petróleo —al cual está ligado el precio del gas— subió 72% (de 61 a 105 dólares por barril). Así, el gobierno de ese entonces recibió un país con gasoductos construidos, con contratos de compra-venta negociados y firmados, con reservas de gas suficientes para honrar esos contratos, con impuestos a la exportación de gas ya aprobados y, además, con precios internacionales altos. Su obligación era cosechar lo que no sembró y utilizar esos recursos para que la economía boliviana pueda dar un salto cualitativo en sus niveles de desarrollo. Pero ello no sucedió. Bolivia sigue estando en los mismos niveles de subdesarrollo, en comparación a otros países de América Latina que en el siglo 20.
El gobierno que asuma el poder el 2025 no dispondrá de una locomotora económica como aquella. Entonces, ¿dónde encontrar otra locomotora que impulse la economía? Lo más prometedor parece ser la explotación de litio, con el mayor valor agregado posible. Ello requerirá inversión privada, tecnología que el país no posee, desarrollo de mercados, un sistema impositivo que dé los incentivos adecuados a la inversión privada y, al mismo tiempo, tribute al fisco una cantidad adecuada. Es un desafío mayúsculo, que requiere una delicada combinación de transparencia, seriedad y, muy importante, cuidado del medio ambiente. Nada de esto se ha hecho hasta ahora. Ha llegado el momento de encarar el tema en forma profesional.
Pero no se puede seguir apostando a la dependencia económica de un solo producto o sector, como se ha hecho desde el primer día de la República —y antes— con la plata, el estaño, el gas o, en el futuro, el litio. El suelo y subsuelo boliviano, así como la mente y el tesón de los ciudadanos bolivianos, ofrecen grandes oportunidades de negocios y de creación de empleo y riqueza. Muchas de ellas ya están en ejecución, algunas desde hace varias décadas. Otras, más recientemente. Si en los primeros 20 años de este siglo el gas fue el impulsor de la economía, hoy nuestro desarrollo debe ser diverso, creativo, sostenible y con valor agregado.
Un país moderno se diferencia de uno premoderno en que la riqueza no se explota: se crea. Si bien el sector minero ofrece oportunidades de explotación de riqueza (aunque éste no deja al Estado los impuestos necesarios para financiar carreteras, servicios de salud y educación, o bonos solidarios), otros sectores menos tradicionales como la agricultura, los servicios, el turismo, las tecnologías de información y las energías limpias pueden ser fuentes de creación de riqueza más grande y con mayor sostenibilidad.
El éxito de estas iniciativas privadas requiere que el Estado haga su parte. Por ejemplo, mediante la provisión de infraestructura. Para ello, así como para promover la explotación racional de nuestros recursos naturales, enviaremos al Congreso un proyecto de ley de asociaciones público-privadas.
El gran problema de la economía boliviana es fácil de diagnosticar: ¿Queremos que el Estado sea el conductor de la economía? ¿O dejamos que los ciudadanos aprovechen su creatividad y encuentren y desarrollen sus propias formas de desarrollo y bienestar? Proponemos un Estado más chico y una economía más grande y mucho más libre.
Esto tiene que ver con la superación de la cultura del “rentismo”, que ha prevalecido a lo largo de nuestra historia. Cuando el Estado es dueño de los recursos naturales, las élites económicas, los movimientos sociales, las regiones, los partidos políticos e incluso los individuos, buscan siempre capturar y aprovecharse del Estado para beneficiarse de esta riqueza. Es hora de cambiar el paradigma del control de los recursos naturales y dejar que los ciudadanos, dueños de sus propias capacidades, sean quienes definan sus vocaciones económicas y utilicen la riqueza natural de Bolivia en una forma eficiente y equitativa.
Nuestra propuesta es radical. El Estado no debe ser dueño ni controlar los recursos naturales no renovables de Bolivia. Estos recursos deben ser propiedad privada de los ciudadanos bolivianos. Sólo de esa forma eliminaremos las conductas nocivas del “rentismo” y lograremos un modelo económico eficiente, inclusivo y sostenible. Para ello, nos comprometemos a liderar un diálogo nacional con participación de todas las siglas políticas, sindicatos, colegios profesionales, entidades cívicas y otras agrupaciones de la sociedad civil para discutir la siguiente propuesta: Transferir la propiedad de los recursos naturales no renovables (hidrocarburos y minerales) del Estado a los ciudadanos. Para ejercer esta propiedad, propondremos la creación de un fideicomiso permanente que pertenezca a todos los ciudadanos bolivianos adultos. Este fideicomiso establecerá los mecanismos de concesión para la explotación y uso de los hidrocarburos y minerales a través de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, o proyectos de asociación público-privado, con condiciones competitivas que permitan la atracción de inversiones rentables, de alto valor agregado y sostenibles.
Los ciudadanos bolivianos tendrían derecho a los beneficios de estas inversiones a través de varios mecanismos, que se acordarían en este diálogo. Por ejemplo, (1) un fondo de garantías para facilitar emprendimientos o planes educativos para ciudadanos entre 21 y 40 años; (2) un seguro de desempleo para apoyar situaciones difíciles para ciudadanos entre 40 y 60 años; y (3) una renta digna de retiro para ciudadanos mayores de 60 años. Todos los ciudadanos bolivianos tendrían una propiedad equitativa de estos recursos y podrán acceder a ellos de acuerdo con sus situaciones y preferencias.
Además, nuestra propuesta busca romper la absurda dicotomía entre la formalidad o la informalidad, si se promueven los negocios formales o los informales. En Bolivia, aunque nunca se lo ha anunciado públicamente, en los hechos todos los gobiernos de los últimos 70 años han optado por promover la economía informal. Lo han hecho poniendo varias trabas a los negocios formales (cupos de exportación, regulaciones absurdas, impuestos excesivos, normas laborales anticuadas y muchas otras) y, al mismo tiempo, dejando a los negocios informales a merced de un verdadero capitalismo salvaje, sin ninguna protección social y prescindiendo de su aporte al gasto público a través de impuestos que puedan beneficiar a toda la sociedad (carreteras, educación, salud, bonos, servicios judiciales y policiales, por citar algunos ejemplos).
No creemos que se deba combatir a los sectores informales con un látigo de varios brazos (policía, leyes, jueces) sino más bien darles los incentivos adecuados para que se formalicen. Si el empresario informal (porque ni duda cabe que son empresarios) encuentra que es mejor negocio ser formal, hará la transición sin necesidad de amenaza alguna. Eso se logra con incentivos tributarios, con normas diferenciadas para los micronegocios, con facilidades para cumplir con la ley, con prestaciones sociales razonables, con incentivos a la creación de empleo formal y no con posturas grandilocuentes de las autoridades de gobierno, más parecidas al bullying en las escuelas que a verdaderas políticas de Estado.
Por último, pero no menos importante, creemos que el cuidado del medio ambiente es transversal a todo: forma parte de la estabilidad económica, del crecimiento sostenible y de la calidad de la democracia. Consideramos que hay tres áreas prioritarias: (1) , la deforestación, (2) el uso de mercurio en la minería y (3) la contaminación y la escasez de agua. En el tema de la deforestación (1), en 2022 Bolivia ocupó el tercer lugar entre los países que más deforestan en el mundo. Y los dos principales motivos son las quemas indiscriminadas y anónimas de bosques, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería. Proponemos desacelerar la deforestación mediante, entre otros, permitir el uso de semillas genéticamente modificadas, que permitan alcanzar rendimientos de producción similares a los de los países vecinos.
En cuanto al uso del mercurio (2), es un problema no solo muy grave, si no que afecta a los más vulnerables: las poblaciones indígenas que viven en las riberas los ríos. Por ello, nos proponemos que la importación, comercialización y utilización de mercurio serán altamente controladas. También nos comprometemos a revisar la legislación actual de las cooperativas mineras, de manera que éstas cumplan con la normativa medio-ambiental, tributen lo justo y sean transparentes en su forma institucional. En el punto (3), revisaremos las políticas de precio para asegurar que los ciudadanos no sean propensos al derroche. Y disminuiremos drásticamente las perdidas por fugas en el transporte del agua. También promocionaremos la canalización de vertientes y otro tipo de fuentes acuíferas para usos que no requieran agua potable. Hay otros temas, como la invasión de áreas protegidas, que serán objeto de nuestra minuciosa atención.
B.2 Profundizar la inclusión social
Lo primero es no retroceder ni un milímetro en los logros ya alcanzados, en los cuales es innegable el progreso del partido que nos gobierna desde 2005. Pero queda mucho camino por recorrer. Lamentablemente, el gobierno perdió la oportunidad de avanzar en la integración social y la tolerancia y más bien agudizó la división y el racismo en la sociedad.
Los más humildes en nuestra sociedad siguen siendo discriminados y eso es inaceptable. Son discriminados en formas en apariencia superficiales, pero que afectan profundamente sus posibilidades de superación. Estas exclusiones perpetúan la discriminación por generaciones, como la ausencia de servicios de salud y de educación de calidad, acceso muy restringido a una justicia imparcial y rápida, ausencia de protección frente a los antisociales, falta de acceso a agua potable y alcantarillado sanitario, ninguna o pobre calidad de conexión a internet o telefonía móvil y muchos otros bienes y servicios. Estas exclusiones privan a los más pobres de las oportunidades para superarse sobre la base de su esfuerzo propio y no de limosnas gubernamentales.
Hoy día tenemos la legislación y las instituciones necesarias para combatir la discriminación. Pero éstas se han distorsionado. Se han convertido en instrumentos de persecución política y de discriminación racial. Nos comprometemos a corregir esta situación, devolviendo a las instituciones llamadas a hacer cumplir la legislación antidiscriminación (sistema judicial, Defensoría del Pueblo, Viceministerio contra la discriminación y otras) su independencia política y su verdadera misión institucional. Nuestras propuestas sobre el sistema de salud, de educación y de seguridad ciudadana también apuntan en el mismo sentido.
Entendemos la inclusión no solamente como la ausencia de discriminación a los pobres, o a los indígenas. Repudiamos también la discriminación por motivos religiosos, la discriminación por orientaciones sexuales, la discriminación de género y la discriminación regionalista.
Creemos firmemente en la solidaridad. Por ello, mantendremos todos los bonos sociales actualmente vigentes y velaremos porque éstos cumplan sus objetivos.
Los jóvenes y las mujeres son muy importantes en nuestra propuesta de inclusión social y laboral.
Apoyaremos de varias maneras a los jóvenes (entre 18 y 35 años). Primero, dándoles educación universitaria de calidad, no un titulo que les permita ser chofer porque los potenciales empleadores no valoran la calidad de sus títulos. Pondremos énfasis en la educación técnica, que tiene una gran demanda y requiere menos tiempo y recursos para los estudiantes. Cambiaremos el poco aprecio que concita la educación técnica, que es vista a menos respecto de una licenciatura, cuando en realidad es más necesaria y es tan bien, si es que no mejor remunerada. Bolivia necesita más técnicos. En línea con nuestras propuestas anticorrupción, subcontrataremos empresas privadas para el diseño, mantenimiento y seguridad informática de los sistemas del gobierno. Y estas empresas emplearán a un ejército de jóvenes capacitados en informática. Por último, pondremos al alcance de los jóvenes emprendedores un fondo de garantías que les permita acceder a financiamiento.
En cuanto a la equidad de género, nuestra principal propuesta es implementar el principio de “igual salario por igual trabajo”. Lo haremos de dos formas. Primero, implementando ese principio en todo el sector público. Segundo, contratando a instituciones independientes que certifiquen a las empresas privadas que tienen e implementan adecuadamente políticas de equidad de género.
Debe entenderse que la inclusión social no es una dádiva o un gesto para aparentar corrección política. La inclusión social es una necesidad para que funcione la economía de mercado, para que las instituciones públicas tengan credibilidad, para que se respete el trabajo de las autoridades honestas, para lograr seguridad ciudadana, para evitar daños al medio ambiente, para ser un país respetable en el ámbito internacional. En suma, para que el pueblo boliviano merezca respeto por su racionalidad y por su humanismo.
B.3 Asegurar servicios de salud y educación de calidad a las grandes mayorías
En estos dos temas tan importantes para reducir la desigualdad en nuestra sociedad deben emplearse estrategias que se basen en las experiencias: tanto las que dieron buenos resultados como las que deben evitarse por la evidencia de sus malos resultados. Esas experiencias no sólo incluyen las vividas en Bolivia, sino también las experiencias de otros países de características similares. Por eso, el diseño de estrategias exitosas debe incluir dos elementos: (1) el consenso de los actores nacionales y (2) la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales.
Sin embargo, por muy bien diseñada que esté una política, por mucho respaldo que reciba, no podrá ejecutarse en la realidad sin los recursos financieros suficientes para su implementación. Por ello, nuestra propuesta incluye: (1) asignar, en el presupuesto nacional, un mínimo del equivalente al 6% del PIB a la salud y asignar el 30% de ese monto a la atención primaria de salud (ese porcentaje es la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud), asi como asignar esos recursos sobre la base de resultados medibles, y (2) redireccionar la cooperación financiera internacional hacia estos sectores.
En educación, Bolivia gasta a ciegas porque lo ha convertido en un gasto ideológico. En otras palabras, Bolivia gasta en educación, pero no invierte en capital humano. Y Bolivia, en educación, tiene uno de los gastos más altos del mundo en relación a su PIB. Los desafíos en educación tienen mas que ver con la calidad que con los recursos financieros.
B.4 Recuperemos la democracia y las instituciones
La educación, la salud y la inclusión social constituyen una base sólida para recuperar la democracia y las instituciones. Pero no son suficientes. Además de asegurar elecciones limpias y pluralistas cada cinco años, es necesario avanzar en cuatro temas que son imprescindibles para un país democrático. A continuación, presentamos las principales acciones que proponemos en cada uno de esos temas.
B.4.a Separación de poderes y respeto a los pesos y contrapesos
Consideramos que éste es el tema más difícil y necesario para recuperar la democracia. Empezaremos diciendo que, si esta propuesta alternativa tiene el respaldo de la mayoría de la población boliviana y conduce a una gestión de gobierno, nos comprometemos a buscar un acuerdo político con los partidos con representación parlamentaria, mediante el cual todos los partidos se comprometan a respetar la independencia de poderes y a no interferir en sus decisiones, y en especial sobre el poder judicial. Con este propósito, en acuerdo con los partidos políticos y respetando a las minorías parlamentarias, nos comprometemos a:
-
En lo inmediato, eliminar todos los nombramientos interinos en los Poderes y las instituciones del Estado y proceder a una elección consensuada de autoridades idóneas conforme a lo establecido en la CPE. Esto incluye la elección de los tribunales supremos del Órgano Judicial, previa reforma consensuada, así como también de los titulares de instituciones independientes como el Banco Central, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gestora de pensiones y otras entidades reguladoras donde debe prevalecer el carácter profesional y la independencia política. En todos estos casos nos comprometemos a promover el respeto a los dos tercios como principio fundamental de respeto a las minorías y como mecanismo de control del abuso del poder. Para ello, realizaremos todos los esfuerzos necesarios para concertar con la minoría opositora y llegar a acuerdos. Si esto no fuera posible, recurriremos al apoyo de organismos de intermediación que faciliten los acuerdos, y, en cualquier caso, buscaremos la participación de organizaciones independientes para seleccionar personas idóneas para cada uno de los puestos.
-
Como medida complementaria a la anterior y de manera urgente, promover cambios parciales a la Constitución, que regulen en forma más efectiva los procedimientos de interinato en las instituciones del Estado. Para todos aquellos puestos que requieran un nombramiento por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, se establecerá que en ningún caso los nombramientos de interinato puedan ser realizados por el Órgano Ejecutivo. Por el contrario, cuando la Asamblea no pueda realizar los nombramientos a tiempo, los mandatos interinos sólo se podrán realizar mediante (a) la extensión de los términos de las autoridades nombradas según el procedimiento constitucional; mediante (b) la designación temporal de las autoridades administrativas de mayor rango en las instituciones correspondientes, o mediante (c) designación temporal a cargo de autoridades electas por dos tercios en otros poderes o instituciones del Estado. Por ejemplo, magistrados del Órgano Judicial nombrados por dos tercios, podrán nombrar al Defensor del Pueblo interino o al Contralor interino; o un Contralor titular elegido por dos tercios podrá nombrar al presidente del Banco Central interino, cuando sea necesario.
-
En el mediano plazo, promover un dialogo y acuerdo político para modificar el diseño institucional del Estado que establezca procedimientos más efectivos para evitar la concentración del poder y la captura de las instituciones del Estado, mediante la adopción de mecanismos de consenso en todos los procesos de selección y nombramientos de autoridades estatales, así como el uso de incentivos a los actores políticos para alcanzar estos consensos. Estos acuerdos podrían incluir la extensión de las representaciones uninominales a todos los miembros de la Cámara de Diputados, la realización de elecciones de medio término para modificar la composición de la Asamblea Legislativa, y la introducción de mecanismos de disolución de poderes y adelanto de elecciones en situaciones extremas de crisis política o ante la imposibilidad de conseguir acuerdos y consensos en tiempos razonables.
B.4.b Un Sistema de Administración de Justicia independiente, creíble y eficaz
La crisis del sistema judicial en Bolivia ha llegado a una situación extrema. Promovida por la captura política a la que ha sido sujeto el Órgano Judicial, su funcionamiento se ha deteriorado al punto de convertirlo en un botín de un grupo de abogados y jueces inescrupulosos y corruptos y una mafia de extorsión a través de la venta de fallos y la persecución a políticos, empresarios y ciudadanos críticos en general. La administración de la justicia necesita de una reforma profunda y urgente. Siempre asumiendo que esta Propuesta Alternativa tenga el respaldo de una mayoría ciudadana, nos comprometemos a:
-
Convocar a un acuerdo nacional para consensuar la reforma del sistema judicial.
-
Reformar la Fiscalía y la Policía Nacional.
-
Promover las reformas parciales a la Constitución y la aprobación de leyes necesarias para mejorar la selección de jueces, sobre la base de méritos profesionales y demostrada ética.
-
Asignar los recursos presupuestarios necesarios para implementar la reforma del sistema judicial.
-
Promover el uso de recursos tecnológicos necesarios para la transparencia, agilidad y mejor cobertura de servicios de justicia.
B.4.c Garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos y las instituciones
Esto requiere tres tipos de acciones. Por un lado, que las autoridades de gobierno asuman el compromiso de respetar la Ley de Imprenta y lo establecido al respecto en la CPE. Por otro, que suman el compromiso creíble de autocontrol para no interferir en la libertad de expresión, excepto en casos absolutamente excepcionales y claramente definidos (casos que afecten la seguridad nacional o la estabilidad económica). Nos comprometemos a ello.
Por otro lado, deben sancionarse todos los intentos de limitar la libertad de expresión. No se legislará, ni directa ni indirectamente, en contra de la libertad de expresión. También nos comprometemos a llevar a la justicia a quienes lo hagan.
B.4.d Transparencia del sector público
En el documento temático correspondiente presentamos acciones concretas sobre la lucha contra la corrupción. Creemos que la transparencia es el principal requisito para luchar en forma efectiva contra la corrupción. Por ello, enviaremos al Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Datos Abiertos.
En nuestra gestión de gobierno, nos comprometemos a aplicar los principios del “Gobierno abierto” y, en lo que respecta a la información estadística del Estado, aplicaremos los principios de “datos abiertos”.
Queremos una #BoliviaDeOtroModo